✔️Aprobada la reforma de la ley de ciencia, la tecnología y la innovación

📐MEDIDAS QUE FACILITARÁN LA OBTENCIÓN DE AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN

Esta ley recoge una serie de medidas enfocadas a que las empresas puedan incluir dentro de su plan estratégico inversiones en I+D+i.

Entre las grandes medidas que aporta la reforma de la ley, destacan:

🔹  Mejora de la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+i. El texto recoge una nueva modalidad de contrato indefinido involucrado al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+i.

Esta contratación indefinida, recoge las singularidades del sistema de I+D+i y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Asimismo, se establece un nuevo itinerario postdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo.

En concreto, la norma diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener un nuevo certificado R3.

Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porqué se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.

El proyecto de ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro país, como es una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

🔹  Medidas para estimular la atracción de talento y la movilidad profesional. La norma aporta facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él.

Además, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios sólo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.

🔹  Más reconocimiento al personal de investigación. El personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.

🔹  Reducción de la carga administrativa y fomento de la transferencia de conocimiento. Otro de los ejes del proyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+i. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.

La norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+i español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.

Otros mecanismos incluidos en el texto son el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso de las administraciones públicas de invertir y convertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+i.

La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.

La Agencia Espacial Española se encargará de elaborar una Estrategia Espacial Española y la ley establece que se promoverá que su ubicación se base, entre otros, en principios de cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.

🔹  Igualdad de género. La norma aprobada en el Congreso también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+i. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.

Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.

También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+i para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión del género en los proyectos de I+D+i.

📊UNA MEJORA SIGNIFICATIVA PERO NO DEFINITIVA PARA LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

El principal punto a destacar de esta aprobación es el compromiso plurianual de llegar al 1,25% del PIB para la inversión pública en el año 2030. Una declaración de intenciones que refuerza la idea de que si no hay innovación no hay competitividad. 

Desde la perspectiva empresarial, la reforma propuesta, sólo tiene afectación en lo que se espera que sirva para simplificar la tramitación administrativa, tanto en los procesos de solicitud como de justificación de las ayudas.

En definitiva, una buena noticia dentro de un largo proceso de transformación que debe producirse en el sistema fiscal español.

Merece la pena revisar los puntos que se recogen en el libro blanco para la reforma del sistema tributario español del pasado 4 de marzo, donde la aprobación de algunas de las medidas propuestas, contribuirían a fortalecer el camino estratégico para reforzar la competitividad de las empresas españolas.